El 2018 comenzó de una manera parecida al 2017: con un incremento significativo en el precio de las gasolinas y el diésel. No fue el 20% de hace un año, pero sí más de 6.5%. Esto implica un alza inmediata que va de 65 centavos por litro de la gasolina magna y de 70 centavos en el caso del diésel, derivada del ajuste de impuestos del IEPS. El incremento en el precio al público podría ser mayor, dependiendo de la decisión que tomen los dueños de las gasolineras. Hay que tomar en cuenta que estamos en un mercado de precios liberados.
Esta vez no hubo protestas masivas, como al comenzar el 2017. De cualquier modo, sí se produjo la tormenta de bilis en las redes sociales. No podría ser de otro modo, un incremento en el precio de las gasolinas y el diésel es una medida impopular.
¿Por qué tomar esta medida, impopular, en un año electoral? Desde me humilde opinión no tiene margen de maniobra: al decidir este incremento, la Secretaría de Hacienda marca como prioridad mantener la salud de las finanzas públicas y la calificación de la deuda mexicana. En segundo plano quedan las consideraciones del impacto político del aumento de las gasolinas.
En el terreno de las especulaciones, podemos suponer que el equipo que encabeza el Secretario de Hacienda, González Anaya prevé un año extremadamente complicado. La reforma tributaria de Estados Unidos añade presión a un escenario fiscal que ya era difícil para México. El informe de las Finanzas Públicas, a noviembre de 2017, deja claro que la recaudación está perdiendo impulso. Hay una caída en la recaudación de muchos de los impuestos. Lo captado por IVA es 0.5% menos que en 2016 y en el caso del sector petrolero, el descenso es 5.7% en términos reales. En el IEPS a gasolinas y diésel, a pesar de los incrementos decretados a lo largo del 2017, se registraron ingresos 28% menores a los de 2016. Fueron 263 mil millones entre enero y noviembre de hace dos años. En 2017, un poco más de 199 mil millones de pesos.
¿Cómo vender esta decisión, en un año tan marcado por la política? No se puede más que seguir en el terreno de la especulación. José Antonio González Anaya presentó una propuesta responsable, desde el punto de las finanzas públicas.
Seguramente desarrolló argumentos de lo riesgoso que sería postergar el alza de las gasolinas: habría un deterioro de las finanzas públicas, desde el primer mes del 2018. Las agencias calificadoras pondrían en perspectiva negativa la deuda mexicana y, eventualmente, bajarían la calificación.
Podemos suponer que, para implementar esta alza en los combustibles, González Anaya recibió el visto bueno del presidente Peña Nieto y de José Antonio Meade, que además de candidato presidencial, es el jefe de su grupo político. Es justo reconocer el valor para tomar una decisión tan difícil: Era necesaria pero dolorosa. Lo ocurrido hace un año, con el gasolinazo, dejó lecciones en Los Pinos: un aumento en el precio de la gasolina tiene un costo político que puede ser muy alto. La decisión de subir la gasolina es correcta, si se mira bajo el prisma del manejo adecuado de las finanzas públicas. Es un volado, si lo ponemos en el tablero político. Producirá inflación e indignación entre la mayoría de la población.
¿Cuánto costará esta alza de la gasolina al Gobierno y al candidato del PRI-PVEM-PANAL? Mucho dependerá de lo que pase en los próximos días. Hace un año, el manejo político del gasolinazo fue un desastre, entre otras cosas porque el gabinete actuó con descoordinación e insensibilidad. Ahora, habrá mucho más cautela pero el escenario estará más complicado, porque un año electoral implica condiciones incendiarias; es decir, de alto “octanaje”.
@leon_alvarez
