Cada año, por estas mismas fechas, el tema se recicla en los medios de comunicación nacionales: los compromisos que los legisladores federales dejan para después, ya que se van de vacaciones por fin de año.
La pregunta es: ¿qué pasaría si un asalariado común decidiera hacer lo mismo? La respuesta es obvia.
En los últimos días del periodo ordinario de sesiones que concluyó el 15 de diciembre pasado, algunos afirmaron que buscarían la apertura de un periodo extraordinario para atender los pendientes. Sin embargo, la iniciativa no fue bien recibida y la mayoría de los representantes del pueblo hizo mutis, por lo que los temas inconclusos serán tocados hasta febrero de 2017.
- En el Senado de la República
En el caso de los senadores, los siguientes fueron algunos de los temas que se habían comprometido a resolver y que, al final, dejaron tirados:
Fiscalía General y Fiscalía Anticorrupción
En julio pasado fueron promulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, y la obligación de los legisladores era aprobar la ley que reglamenta la Fiscalía General de la República, además de la creación de la Fiscalía Anticorrupción. En este caso, el fiscal anticorrupción debió nombrarse el 29 de noviembre.
Pero los senadores no cumplieron.
La propuesta en torno a la llamada justicia cotidiana tiene que ver con una impartición de justicia más pronta y expedita y, fundamentalmente, hacer de la aplicación de la justicia una norma habitual, cercana y cálida para el ciudadano.
Desde abril de este año, el presidente envió al Congreso la primera parte de las reformas propuestas (que incluyen mecanismos alternos para dirimir las controversias, además de la renovación de los poderes judiciales, entre otras).
El Senado aprobó las reformas, pero no se discutieron por lo que son inoperantes.
La discusión comenzó en enero, es decir, a principios del año porque se esperaba que la aprobación se diera en febrero. No fue así.
La desaparición forzada es uno de los temas urgentes en un país como este, en el cual el fenómeno se ha hecho habitual y especialmente grave ante la inoperancia del sistema de justicia, en el cual privan la corrupción y la impunidad.
Quedaron pendientes la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y el registro nacional, además de las penas que habrán de imponerse a los responsables del delito.
El Acuerdo Transpacífico fue anunciado por el saliente presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y México fue uno de los países convocados. Sin embargo, los senadores declinaron la discusión y aprobación de los términos hasta febrero, una vez que el mandatario entrante, Donald Trump, asuma la presidencia de aquel país.
- En la Cámara de Diputados
Uno de los temas más controvertidos fue el de la aprobación del uso de la marihuana con fines medicinales, y aunque en cada vez más amplios sectores de la sociedad la aprobación fue creciente, e incluso los diputados se manifestaron en favor, al final alegaron que “no había tiempo suficiente para el análisis”.
Desde noviembre de 2014, el presidente Peña envió a los legisladores una serie de reformas para hacer eficiente el sistema policial en el país; sin embargo, y a dos años de distancia, es poco lo que se ha hecho. La propuesta fue el fortalecimiento de las policías estatales.
En el Senado se aprobó a mediados de este año el Mando Mixto, pero los diputados afirmaron que preferían analizar el tema “con toda calma”, por lo que decidieron posponerlo hasta febrero próximo.
Leyes contra la tortura y contra la trata de personas
En el ámbito internacional, México ocupa un lugar “distinguido” entre los países donde se practican la tortura y la trata de personas, y en donde incluso se ha comprobado la participación activa de integrantes de las diversas corporaciones de seguridad y servidores públicos. A pesar de ello, el país navega y se hunde en la trama de complicidades e impunidad.
Los integrantes de la Cámara Baja no se pusieron de acuerdo y dejaron en la congeladora temas que ya había aprobado el Senado como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (práctica habitual en los “métodos investigativos” de las policías en el país), además de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Los temas, al parecer, no eran de urgente resolución.
Uno de los temas que al final del periodo pasado más controversia suscitaron es el de la Ley de Seguridad Interior, que tiene diversas interpretaciones…
La del presidente Peña Nieto: hay que dar certidumbre legal a las Fuerzas Armadas en su actuación en las calles del país.
La del secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos: ya son 10 años de la presencia del Ejército en las calles y es tiempo de replantear la estrategia.
La del ciudadano: el Ejército podría tener amplios poderes –legales- para actuar en contra de aquel que le resulte “sospechoso”. Analistas como Denise Dresser afirman que, de facto, se estaría dando a las Fuerzas Armadas poderes metaconstitucionales que significarían en los hechos una especie de Golpe de Estado o, al menos, la declinación del Estado.
Tal vez debido a las complicaciones que la iniciativa entraña, los diputados decidieron aplazar la discusión.
Termina el año y es tiempo de fiesta… incluso para los representantes del pueblo que en los días de campaña prometieron hacer el mayor de los esfuerzos en beneficio de sus representados.
Por lo pronto, casi es Navidad y solo el tiempo dirá si el próximo año cumplen la palabra que empeñaron con el ciudadano y con el país.
@juanlosimental
