Desde la redacción de @loscabareteros ponemos a su consideración la “Columna de columnas nacional” del viernes 21 de abril de 2017. La extradición de Yarrington pésima noticia para Peña Nieto. Revisemos el pacto federal: es un hecho que la democracia descentralizó el gasto público federal y enriqueció a las haciendas estatales, pero no las hizo responsables. A Duarte, un exgobernador le recomendó robar al inicio de su sexenio y luego dedicarse a tapar sus fechorías…
Rayuela
No se pierda el sensacional desenlace de Javidú Productions.
http://www.jornada.unam.mx/2017/04/21/
La opción de Yarrington
Raymundo Rivapalacio, en su columna Estrictamente Personal, en Eje Central, escribe sobre la mala noticia que es para el gobierno de Peña Nieto, la extradición de Yarrington a Estados Unidos: “La detención de Tomás Yarrington en Florencia culminó una larga investigación de Estados Unidos e Italia a la cual se le sumó hace unos meses México, como actor de reparto. Acusado en una Corte Federal en Texas de ser parte orgánica del Cártel del Golfo y de Los Zetas –hoy enfrentados-, el único lugar donde quizás se sintió protegido era esa nación mediterránea donde hace más de una década los cárteles mexicanos forjaron una alianza con la mafia calabresa Ndrangheta, la organización con más poder y dinero de Sicilia. Su captura hizo resurgir las dudas sobre qué tanto el gobierno mexicano tiene un pacto con el narcotráfico. Después de todo, a Yarrington lo protegió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto claramente por al menos tres años. La actitud del gobierno cambió hace unos meses, seis años después de que la averiguación de la PGR contra Yarrington fuera congelada. El expediente se inició en 2009, cuando la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada abrió la indagatoria 12. La entonces procuradora, Marisela Morales –hoy cónsul en Milán, a unas tres horas de donde fue detenido el tamaulipeco-, tenía instrucciones del presidente Felipe Calderón de investigar a todos los gobernadores priistas bajo sospecha de tener vínculos con el narcotráfico. Morales se centró en los tamaulipecos, donde estaba el gran hoyo negro, y en Fidel Herrera de Veracruz. (…) La PGR de Peña Nieto no actuó en su contra, sino al contrario. En abril de 2013, el entonces procurador Jesús Murillo Karam, exoneró a Yarrington a Cavazos y Hernández, porque, afirmó, las acusaciones de los testigos protegidos eran falsas. En seguida, canceló la orden de aprehensión existente en contra de Yarrington. Después de que Murillo Karam anuló esa orden, un juez federal, en confrontación con el ex procurador, reactivó la acusación en el tribunal. Yarrington se amparó, y unos días antes de que fuera relevado Murillo Karam del cargo en marzo de 2014, otro juez federal le negó el amparo en contra de la orden de aprehensión por narcotráfico y delitos contra la salud. (…) Yarrington se fue de México en 2012 y vivió un tiempo en España, reapareciendo en Italia, donde al comparecer ante un juez dijo que no quería ser extraditado a México. No había muchas posibilidades de ello, en todo caso. Las acusaciones contra él en Estados Unidos son amplias y sólidas, frente a la debilidad de las mexicanas, que hacían casi imposible que regresara a su país. Este miércoles, la PGR informó que Yarrington saldría deportado, pero a Estados Unidos. No son buenas noticias para el gobierno del presidente Peña Nieto, que admítalo o no, encubrió a un delincuente durante largo tiempo, y con quien compartirá invariablemente el banquillo de los acusados.
http://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-la-opcion-de-yarrington/
La epidemia tiene cura
Héctor Aguilar Camín, en Milenio, urge e revisar el pacto federal y cambiar las reglas del juego y los incentivos de la hacienda pública nacional: “A riesgo de ser reiterativo, o precisamente para ello, insistiré hoy en lo dicho en esta columna durante estos días. A saber: que la epidemia de gobernadores delincuentes que llenan nuestras noticias no son solo un problema de corrupción o cleptocracia personal, sino un problema de malas reglas y de incentivos perversos en el pacto fiscal del federalismo mexicano. Ese pacto deja en los estados mucho dinero suelto del que no hay que rendir cuentas. Ese es el origen estructural de la epidemia de escándalos de gobernadores que vemos, con lo que quiero decir que la epidemia tiene cura, puede arreglarse cambiando las reglas del pacto y realineando los incentivos. Es un hecho que la democracia descentralizó el gasto público federal y enriqueció a las haciendas estatales, pero no las hizo responsables. El dispositivo que convirtió la abundancia presupuestal de estos años en una invitación a la irresponsabilidad financiera y a la corrupción fue el concepto mal entendido, entendido abusivamente, de la soberanía estatal. En ejercicio abusivo de esa soberanía, la facultad de autorizar el gasto federal en los estados quedó en manos de los congresos locales. Esta facultad ha tenido con el tiempo el más torcido y corruptor de los efectos. Los gobernadores metieron al reparto de la bolsa federal a sus legisladores y a su oposición, a su comunidad empresarial, a los medios locales y, al final, pudieron ejercer esos recursos a su arbitrio. Los congresos locales no fueron los vigilantes sino los cómplices del ejercicio presupuestal de sus gobiernos. El mecanismo constitucional de control y competencia entre poderes se volvió de anuencia y complicidad, y esta es la piedra de toque de buena parte de la corrupción que sacude a la República. Con el dinero de la segunda fiesta petrolera, los presidentes de la democracia aceitaron al Congreso federal, el Congreso federal aceitó a los gobernadores y a los municipios, los gobernadores aceitaron a sus congresos locales, que les aprobaron todos sus gastos. Hubo dinero de sobra para hacer política y para crear la red horizontal de corrupción cuya diaria evidencia nos abruma.
El próximo presidente de México debe ser quien tome la corrupción en serio
Jorge Suárez-Vélez, escribe en El Financiero sobre comenzar a cambiar el sistema corrupto desde abajo hacia arriba: “De repente parecería que la corrupción se manifiesta en todos los ámbitos y acontecimientos. Su ubicuidad es profundamente hartante y frustrante. Es como un cáncer cuya metástasis pone en riesgo al organismo e imposibilita terapia. Nos enfocamos demasiado en la consecuencia, y demasiado poco en las causas. ¿Qué pasaría en México si la corrupción desapareciera mágicamente? ¿Cómo se compraría la ‘paz’ sindical? ¿Cómo se lograrían consensos en las cámaras legislativas? ¿Cómo se alcanzarían fallos judiciales? ¿Quién trabajaría en diferentes niveles de la administración pública recibiendo sólo la magra remuneración oficial? ¿Quién arriesgaría su vida como policía (cuando un policía municipal gana algo así como dos mil 800 pesos al mes)? La corrupción es una especie grasa que posibilita lo que sin ésta se atoraría. Permite premiar y negociar. En forma curiosa, la corrupción se nutre de una debilidad institucional que a la vez compensa. México se encuentra en una coyuntura peligrosa. Nos escandalizan la corrupción e impunidad crecientes, y nos preocupa la repentina reaparición del crimen y el recrudecimiento de la violencia, la evidente liga entre ambos fenómenos debería de preocuparnos. Analizamos superficialmente lo que ocurre y no proponemos soluciones proporcionales al tamaño de los problemas. Seguimos creyendo en recetas instantáneas. Pensamos que mágicamente surgirá quién resuelva, mientras nosotros sólo observamos. Hemos permitido que se arraigue esta estructura de gobernadores virreinales que simplemente maman los recursos federales que ‘les tocan’, sin rendir cuentas o dar resultados. Suman ya 17 exgobernadores que tienen problemas con la justicia, la mayoría provienen del PRI (porque era el partido con más gobernadores) pero ciertamente no todos. ¿Hay quien pueda afirmar que los nuevos gobernadores de partidos de oposición no caerán en lo mismo? En arca abierta, el más justo peca, y ésta lo está de par en par. (…) La opacidad es estructural. La única forma de incrementar la transparencia a nivel local es de abajo para arriba, profesionalizando a los estados y municipios para que se responsabilicen de recaudar localmente y de rascarse fiscalmente con sus propias uñas, sin depender de recursos federales. (…) Los congresos estatales, incluyendo a todos los partidos de oposición, han sido cómplices de una estructura que ha pasado de ser clientelar a delictiva. La misma opacidad que consiente financiar campañas, pagarle a estructuras clientelares y premiar a aliados, permite desviar recursos a empresas fantasmas, comprar inmuebles mediante testaferros, o simplemente llenar valijas con billetes. Ante la creciente flagrancia de estructuras grotescas alimentadas con recursos públicos, se vuelve imposible delimitar la frontera entre gobernante y delincuente. Se hace posible voltear la cara cuando algún audaz decide silenciar al periodista incómodo, y rechazar recursos provenientes del crimen organizado para financiar campañas se vuelve una táctica inocente y equivocada. Si no hacemos algo en serio, los narcogobernadores se volverán norma. (…) Las elecciones presidenciales se aproximan. Los electores asocian corrupción y sistema. Más allá de votar por alguien antisistema, asegurémonos de hacerlo por quien demuestre que toma al cáncer de la corrupción con la seriedad que amerita.
El (mal) consejo que Duarte siguió
El periodista Salvador Camarena, en El Financiero, escribe sobre el mal consejo de un exgobernador a Javier Duarte para delinquir: “Media hora le tomó el miércoles al fiscal José Antonio Galdamez hacer una apretada relatoría del esquema criminal montado por Javier Duarte de Ochoa para saquear Veracruz. A pesar de todo lo que se ha publicado sobre el sexenio de la corrupción duartista, el relato de Galdamez es de escándalo. Y sin embargo, ese elemento de la audiencia ocurrida en Guatemala, el más importante sin duda, ese retrato del modus operandi de una pandilla dispuesta a delinquir, quedó sepultado en el tsunami mediático que supone ver a un impopular político mexicano esposado, aporreado y lanzado –cual fardo– al suelo laminado de un coche carcelario. Acaso unos cuantos medios supieron refrenarse ante el espectáculo y dar justo peso a lo esencial de la audiencia. Por ejemplo, La Jornada y Expansión. Esas publicaciones destacaron que Duarte activó desde diciembre de 2010, es decir, desde el momento inicial de su fallido sexenio, la trama criminal mediante la cual desfalcaría a Veracruz. Es muy poderosa la imagen de un Duarte maniatado. Pero no menos impactante debería ser el relato de los hechos descritos en la causa penal que servirá para extraditarle. A Duarte, un exgobernador le recomendó robar al inicio de su sexenio y luego dedicarse a tapar sus fechorías. Siguió la mitad del consejo, pero no la segunda parte: por lo visto y escuchado ya no pudo parar, y mucho menos ocultar sus delitos.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-mal-consejo-que-duarte-siguio.html
Guerrero, ícono del fracaso
En Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe que: “solo en la Semana Santa, el crimen organizado dejó 46 homicidios, 24 de ellos en Acapulco […]. El viernes 15 se registró un ataque en la Costera Miguel Alemán de Acapulco, que dejó dos muertos y cinco heridos, entre ellos dos turistas de Ciudad de México. El fin de semana, dos asesinatos en diferentes puntos de Acapulco, uno de ellos fue el de un marino vestido de civil, quien fue atacado a balazos. El alcalde de Alcozauca estuvo secuestrado más de 24 horas. Ahora, asesinaron a Demetrio Saldívar, Secretario general del PRD en el estado, y es cosa cotidiana que aparezcan cuerpos, o cabezas en Chilpancingo, o en Acapulco o en la carretera del Sol o donde sea. Todos los días un horror más. Incluido el del Gobernador que ayer, después de lamentar el asesinato del perredista, salió a decir que se encontró un problema mayor cuando llegó a la gubernatura del que imaginaba […]. Todos los días, cuando leo el recuento del horror guerrerense, no dejo de pensar que este es el estado donde hace un par de años un grupo criminal junto con la policía de la tercera ciudad más grande de la entidad, rodeó, capturó y desapareció a 43 jóvenes estudiantes. Aquella tragedia que cambió la dinámica del sexenio que hasta ese día se creía exitoso en la materia no provocó reacción estratégica alguna en el gobierno federal […]. Después de la noche de Iguala, el gobierno ya no tuvo las ideas ni la voluntad. El gobierno de Astudillo, priista, un desastre. El estado en las mismas o peor que antes. Abandonado. Una lástima. Guerrero será el ícono del fracaso del sexenio en términos de seguridad”.
Extradición de Duarte
En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “por el momento todo son suposiciones. México analiza los documentos que integrarán la solicitud formal de extradición de Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz, y podría presentarse la próxima semana ante las autoridades de Guatemala, aseguró Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR. Se analizan otras órdenes de aprehensión que existen en su contra, para ver si cumplen con los mismos requisitos del tratado y así presentar la solicitud formal de extradición. El funcionario adelantó que por los delitos que se le acusan, el exmandatario estatal podría alcanzar una pena de entre 40 y 55 años de prisión. Las autoridades deben ser cuidadosas en esta operación jurídica”. http://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/2017/04/21/1158911
Casualidades
En el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “quienes dicen que en la política no hay casualidades, es porque no se han asomado al proceso electoral en el Estado de México. Allá a Isidro Pastor le retiraron la candidatura independiente, por pura casualidad, apenas unas horas después de que su hijo increpó a Alfredo del Mazo, durante su visita a la UAEM. Y, casuaaalmente, el Tribunal Electoral le dio hasta el 20 de mayo al Instituto Electoral Mexiquense para que determine la validez o no de dicha candidatura, resolución que, se espera, será favorable para el ex priista. Es decir, Pastor volvería a ser candidato, casualmente, cuando ya hayan pasado los dos debates que se tienen programados y en los cuales se daba por hecho que iría a la caza de Del Mazo. Es decir, por mera casualidad, el abanderado priista no tendrá que lidiar con el bravo ex tricolor”.
http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=111123&po=3
Peña Nieto va a la boca del lobo
En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “a casi una semana de la detención de Javier Duarte en Guatemala, el presidente Enrique Peña Nieto viaja hoy a Veracruz. Acompañado por el gobernador panista Miguel Ángel Yunes, el jefe del Ejecutivo encabeza al mediodía, en Antón Lizardo, la ceremonia oficial por la Gesta Heroica de la Defensa del Puerto de Veracruz y la jura de Bandera de los Cadetes del Primer Año de la Heroica Escuela Naval Militar. Nos dicen que hay que poner mucha atención a los mensajes del Presidente a lo largo de la visita, que concluye al filo de las 18 horas. Tras la detención de Duarte, Peña Nieto decidió trabajar en privado con todo su equipo. No desarrolló actividades públicas el martes y jueves pasados, y hoy retomará sus eventos públicos en una entidad agraviada por el ex gobernador”.
Por “justicia” piden violar la ley
En Milenio, el periodista Carlos Marín, escribe que: “los padres de ‘Los 43’ se plantaron ante la PGR en demanda de una ‘investigación seria y exhaustiva’, de hecho la misma de la ‘verdad histórica’ que rechazan; su representante legal, Vidulfo Rosales, exige la detención ‘inmediata’ de los policías municipales de Huitzuco y de los policías federales implicados por la CNDH en la desaparición de una veintena de estudiantes. No hay cargos ministeriales contra ninguno de ellos, pero la civilizatoria ‘presunción de inocencia’ es lo que menos parece importarle. La nueva y necia presión ocurre en vísperas de la segunda visita a México del ‘mecanismo de seguimiento’ de la CIDH. Pese a ser abogado, Rosales dice que los policías bajo sospecha ya están identificados, pero ‘no han sido consignados ni detenidos’, demandó perseguir al ex Gobernador Ángel Aguirre y al ex Fiscal Iñaki Blanco […] e insistió en la insidiosa demanda de que la PGR actúe contra los militares del cuartel de Iguala, que nada tuvieron que ver con el crimen”.
La nómina de Pemex
En El Universal, su Editorial, asegura que: “en cualquier empresa el ahorro de recursos tanto materiales como económicos son condición necesaria para el óptimo funcionamiento de la misma. Como empresa productiva del Estado […], Petróleos Mexicanos debe tener esa consigna, pero todo indica que aún está lejos de lograrlo […]. A pesar de contar con un menor número de trabajadores, incluidos empleados de confianza y sindicalizados, la nómina de Pemex aumentó 8.8 por ciento en el primer bimestre de 2017, en comparación con el mismo periodo de 2016. Por muchos años las ganancias que generaba la petrolera terminaban en las arcas públicas, porque así lo establecía la ley. Dicha situación impidió contar con una mínima inversión para mantener su desarrollo y competitividad, lo que derivó en una inevitable caída en su producción. Ahora, luego de la reforma de hace tres años, que permite a Pemex contar con recursos para destinarlos a nuevos proyectos, el uso racional del gasto —alejado del dispendio— tendría que ser una práctica común […]. Aunque la información de la Subdirección de Programación y Presupuestación de la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex no precisa la cantidad de sindicalizados, en el periodo enero-febrero de 2017 la empresa tuvo 12 mil 339 empleados menos en comparación con los mismos meses de 2016. A pesar de ello, en un año el costo promedio de cada trabajador en dicho bimestre se elevó en poco más de 16 mil pesos al pasar de 82 mil 411 en 2016 a 98 mil 459 pesos en este año. Ahora que el mercado energético nacional está abierto al libre mercado, Pemex debe competir con las más importantes compañías petroleras del mundo. En ese escenario, el ejercicio escrupuloso de cada peso, incluido en el pago a empleados, debe estar totalmente justificado, pues el derroche de recursos podría restarle productividad a Pemex e impactar en su desempeño frente a competidores […]. Luce complicado que por medio de privilegios la empresa productiva del Estado reencuentre la rentabilidad anhelada”.
Todo México, territorio inseguro
El Dr. Lorenzo Meyer escribe en Reforma sobre el ejercicio del liderazgo político y moral para movilizar efectivamente al aparato de Estado y a la sociedad para conseguir la anhelada seguridad: “Una de las cuestiones sociales más apremiantes en México es, valga la redundancia, asegurar la seguridad. Ninguno de los tres últimos gobiernos consiguió, ya no digamos enfrentar con éxito el problema, ni siquiera plantearlo de manera que ofreciera una solución realista. El año pasado, el 46% de los mexicanos encuestados por Latinobarómetro se dijo víctima de algún delito. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2000 se registraron 1,367,714 delitos y para 2015 ya fueron 1,551,292: 13.4% más. Según los datos recopilados por el semanario Zeta, de Tijuana, en los 50 meses del actual gobierno se han registrado 90,694 homicidios (http://zetatijuana.com/2017/03/12/). El fenómeno ha crecido y se ha complicado. Para comprender y manejar una temática social como la inseguridad hace falta conocerla bien. Y en buena medida es a eso a lo que invita el Atlas de la seguridad y la defensa de México 2016, editado por Raúl Benítez Manaut y Sergio Aguayo (México: Casede e Instituto Belisario Domínguez, 2017, 521 pp.). En su anexo estadístico, la obra contiene una gran cantidad de datos: 216 gráficas y cuadros, pero es en su análisis donde 21 autores en 16 ensayos desgranan y evalúan la naturaleza y evolución de los factores que han hecho que casi todo México sea hoy territorio de la inseguridad. El crimen organizado es un gran negocio mundial de 870 mil millones de dls. anuales. De éstos, 320 mil corresponden al mercado de las drogas prohibidas y de ese monto el 10% va a dar a manos de los cárteles mexicanos: alrededor de 610 mil millones de pesos (p. 248). Ese es el corazón del crimen organizado nacional. Y es mucho dinero si se tiene en cuenta que en 2015 el presupuesto total de las instituciones de defensa mexicanas equivalió a sólo el 22% de lo que se supone manejan los señores de la droga: 134 mil millones de pesos (p. 326). (…) Pero el combate al crimen organizado no es sólo asunto de presupuestos. Se trata, también, del ejercicio del liderazgo político y moral para movilizar efectivamente al aparato de Estado y a la sociedad misma en defensa de su tranquilidad. Y es ahí, en el liderazgo, donde está el punto más débil de la estrategia por erradicar la inseguridad como una característica de la sociedad mexicana actual. (…) El examen puntual de estados como Tamaulipas y Guerrero bien puede llevar a concluir que son entidades fallidas, pero ¿en qué medida esos descalabros regionales son excepciones o el prolegómeno de una cuestión planteada por el enfoque comparativo del primer ensayo?: ¿Cuajarán en México mafias tan arraigadas en su entorno social como en Italia? La respuesta, según cinco indicadores, es: hasta el momento no, pero pudiera ser (pp. 51-53).
http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=111122&po=3
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