Desde la redacción de @loscabareteros ponemos a su consideración la “Columna de columnas nacional” del lunes 02 de octubre de 2017. La pluralidad en peligro: ¿los partidos políticos deben ser protegidos por el Estado a través de recursos públicos? ¿Son pilar de la democracia? ¿Qué clase de congreso queremos? ¿Qué contrapesos institucionales estamos dejando?… No al financiamiento privado. ¿El PRD de reversa? Crisis y oportunidad: Acabó el sismo y sus consecuencias inmediatas, la crisis le regaló una oportunidad a los gobiernos federal y local…
Rayuela
Madrid es una fábrica inagotable de nacionalismos periféricos. No tiene remedio.
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/02/
La pluralidad en peligro
El destacado político y economista y político duranguense, Samuel Aguilar Solís, escribió el fin de semana acerca del financiamiento público y privado de partidos y campañas políticas, así como de las candidaturas plurinominales: “Hace El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su inciso primero que los partidos son de interés público. El diccionario jurídico mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señala que se entiende por interés público al “conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado”. ¿Son entonces los partidos políticos de interés público? ¿Cumplen con las necesidades colectivas de los miembros de la comunidad? ¿Deben ser protegidos por el Estado a través de recursos públicos? ¿Son pilar de la democracia? ¿Son realmente necesarios? Su función no es menor, aunque su actuación sea por demás cuestionable, y continúo con lo que dice nuestra Carta Magna (artículo 41): tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. (…) La prevalencia de los recursos públicos, así como el límite y condiciones de los recursos de origen privado ha obedecido a un factor de equidad para las minorías, las cuales han hecho que nuestro sistema político sea plural y de alta competencia. Además, el financiamiento público debe servir como un “blindaje” a las campañas de intereses de poderes fácticos legales y no legales que al financiar campañas y así imponer gobiernos, siempre regresan a cobrar la inversión, ya sea en cuotas de poder, legislación favorable para un sector o bien contratos en donde impera todo menos la competencia y la transparencia en los procesos. (…) Aunado a lo anterior, la eliminación total de la figura de los plurinominales no sólo a nivel federal, sino también local atenta también en contra de la pluralidad. Y es que los representantes plurinominales representan justamente la representación de la pluralidad, y no debemos olvidar la reelección, ¿qué clase de congreso queremos?, ¿qué contrapesos institucionales estamos dejando?
https://www.elsoldedurango.com.mx/columna/la-pluralidad-en-peligro
No al financiamiento privado
La propuesta del Frente Ciudadano Por México respecto a la eliminación del financiamiento público a partidos políticos podría traer graves consecuencia a futuro para la democracia mexicana, así lo considera en El Universal, el periodista Ricardo Raphael, quien toma como referencia las declaraciones del contador de Los Zetas, Juan Carlos Hinojosa, en el juicio que durante 2013 tuvo lugar en la ciudad de Austin, Texas, en contra de Francisco Colorado Cesa, responsable de lavar cantidades enormes de dinero para ese grupo criminal. En dicho juicio Hinojosa dijo: ‘Registré en los libros de contabilidad 12 millones de dólares para el candidato a Gobernador’. “El Gobernador al que hizo referencia ese testigo era Fidel Herrera Beltrán, quien gobernó el estado de Veracruz entre 2004 y 2010. José Luis Abarca Velázquez realizó aportaciones importantes para la campaña del Gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero. Financió también, con recursos propios, el total de gastos para su campaña como Presidente municipal de Iguala […]. Rodolfo David Dávila Córdova, operador del Cártel de Juárez, conocido como El Cónsul, aportó dinero a las tarjetas bancarias utilizadas por el PRI durante la campaña presidencial del 2012 (Monexgate). El aporte económico quedó registrado ante el entonces Instituto Federal Electoral. El candidato panista al gobierno de Coahuila en 2017, Guillermo Anaya, fue también acusado de lavar dinero mediante el uso de tarjetas de nómina financiadas con recursos privados ilegales. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) continúa investigando a varios candidatos a Gobernador que participaron el pasado 4 de julio de 2017 porque pudieron haber usado recursos de procedencia ilícita relacionados con el narcotráfico […]. Juan Armando Hinojosa Cantú aportó importantes recursos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Durante la presente administración sus empresas han obtenido obras por un valor superior a los 50 mil millones de pesos. Se trata de un volumen nunca antes observado en su trayectoria. Anuar y Luis Maccise fueron también donantes para la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012. A partir del año siguiente Nutriwell, una empresa de su propiedad que vende alimentos procesados, se convirtió en una de las principales proveedoras para los desayunos escolares que proporciona el sistema DIF […]. El intercambio en cada caso es contrario al interés público y la democracia. La mayoría de los narcotraficantes y los empresarios que aportan dinero a las campañas lo hacen porque tienen intereses inconfesables. Fue un error de la reforma electoral de 1996 dejar abierta la ventana para el financiamiento privado de campañas. Contrario a la propuesta que hacen hoy algunos líderes de los partidos, en México hay suficiente evidencia como para clausurar de manera definitiva la vía privada de financiamiento porque es una amenaza creciente para nuestras instituciones”.
http://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion/no-al-financiamiento-privado
¿El PRD de reversa?
También en El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, la cual asegura que: “a propósito de la repentina ‘generosidad’ de los partidos, nos dicen que algunas voces en el PRD están advirtiendo que el partido debería aplicar el freno de mano para matizar su anuncio, hecho en el contexto del Frente Ciudadano Por México, de apoyar las reformas legales sobre ‘cero dinero a partidos’ en el 2018. Nos dicen que habría que pensarlo dos veces antes de quedarse en ceros, pues prácticamente de manera unánime los expertos electorales del país han alertado de los riesgos de que los partidos den entrada al financiamiento privado como estrategia única de ingresos, pues su pista es más difícil de seguir que el dinero público y abre la puerta al dinero de origen ilegal. Así, ahora estos perredistas poco convencidos trabajan en una fórmula que les permita proponer a su dirigente nacional, Alejandra Barrales, una salida en la que apoyen a los damnificados, sin dar todo, y sin que esto se vea como un frenón y metida de reversa. Complicada tarea”.
http://www.eluniversal.com.mx/columna/periodistas-el-universal/nacion/politicos-ahora-haran-rifas
Crisis y oportunidad
Luis Rubio, en Reforma, escribe acerca de la oportunidad que se presenta con los sismos y huracanes para Peña Nieto y su equipo, pero también para la clase política, para dar un golpe de timón definitivo y en favor de los ciudadanos: “Los momentos de crisis sacan lo mejor y lo peor de nosotros: de la sociedad y del gobierno. El sismo que afectó a la zona central del país el pasado 19 de septiembre mostró a una sociedad previamente organizada, con capacidad inmediata de reacción y a una ciudadanía instantáneamente dedicada a lo importante. Tanto la preparación que ya existía como la respuesta ciudadana mostraron una cara no sólo encomiable de la sociedad mexicana, sino también a una ciudadanía comprometida y activa. Lo mismo se puede decir del gobierno: su capacidad de respuesta, su preparación y acción inmediata fueron plausibles y decisivas. La suma de los dos, ciudadanía y gobierno, salvó el momento. La sociedad no esperó al gobierno: tomó control de su espacio y en cuestión de horas los centros de acopio estaban literalmente saturados; a su vez, los jóvenes se fueron de inmediato a las zonas afectadas, haciendo lo posible por contribuir al rescate de las víctimas. La eficacia en lo primero es simplemente imposible de empatar en el segundo ámbito, pues ahí se requieren equipos, experiencia y disciplina casi militar. Lo contrario es cierto en el ámbito gubernamental: su capacidad de acción en los sitios afectados es inmensa porque se ha preparado, cuenta con los equipos y cuenta con la experiencia necesaria; por otro lado, por la enorme desconfianza -y desprecio- que los gobernantes -de todos los partidos- se han ganado a pulso, su capacidad de generar sustento para la necesaria movilización social es sumamente limitada. Al menos en la Ciudad de México, sociedad y gobierno actuaron en los ámbitos que les correspondía, dando cada uno lo mejor de sí. También hubo cosas menos encomiables. Los asaltos no disminuyeron, retornamos a los viejos vicios de intentar manipular las emociones populares y el celo burocrático impidió que otras entidades gubernamentales -y, especialmente, los contingentes técnicos que vinieron del extranjero- actuaran de inmediato, todo lo cual quizá implicó la innecesaria pérdida de muchas vidas que, tal vez, pudo haber sido evitada. (…) Es lugar común afirmar que el sismo de 1985 cambió la vida política mexicana porque evidenció a un gobierno incompetente, incapaz de lidiar con la crisis inmediata, lo que creó una conciencia ciudadana. Sin embargo, lo que verdaderamente cambió a la política mexicana fue la crisis que representó la población que sobrevivió al sismo pero perdió su vivienda. Fue ahí donde se cuajaron acuerdos no muy sacrosantos entre diversos actores políticos, construyendo la coalición que cambió al DF y, eventualmente, al país. El equivalente de hoy podría estar en ciernes: miles de familias que sobrevivieron el sismo pero quedaron sin casa. Peor, muchas de éstas eran propietarias de condominios (algo muy distinto a 1985) y no sólo se quedaron sin un lugar donde vivir, sino sin su principal patrimonio. Es decir, la crisis apenas comienza y los desafíos son enormes porque la población afectada en el DF es fundamentalmente de clase media y no cuenta con las opciones que serían concebibles en las zonas rurales. (…) La forma en que se resuelva esta y otras situaciones que sin duda se presentarán en las próximas semanas y meses será absolutamente determinante del devenir político en 2018, particularmente para el gobierno perredista de la CDMX y el gobierno federal. Ambos tienen la oportunidad de buscar soluciones, anticipar complicaciones y encontrar salidas efectivas que eviten un cisma mayor. Igual de evidente es que ambos gobiernos (y sus partidos y candidatos) enfrentarán a los oportunistas de siempre -internos y externos- disparando en busca de leña del árbol caído. (…) Acabó el sismo y sus consecuencias inmediatas, pero ahora volvemos a la guerra política de siempre. Lo que cambió es la posición relativa de los actores políticos: la crisis le regaló una oportunidad a los gobiernos federal y local; ahora todo está en sus manos.
El desastre del Fondo de Desastres
Jorge Zepeda Patterson, escribe en Sin embargo, sobre
Todos estamos de acuerdo en la necesidad de meter mano al bolsillo y ayudar a los que perdieron todo, pero desconfiamos hasta el infinito de las vías disponibles para canalizar los recursos en beneficio de las víctimas. Ha sido maravilloso ver la presión de la opinión pública sobre los partidos políticos y sobre el poder legislativo para que se reasignen a favor de la reconstrucción los faraónicos presupuestos dedicados a las elecciones y otros gastos de las cámaras. Una presión de tal magnitud que ha obligado a cada uno de los partidos a declarar públicamente su beneplácito a la medida. Hasta allí hay consenso. Lo que sigue es una rebatinga aún más caótica que los minutos posteriores a un sismo, cuando el cuerpo y el alma siguen cascabeleando tras la brutal sacudida. Por lo menos en ese instante suelen aparecer líderes espontáneos que piden a los vecinos a alejarse de las paredes y protegerse de cables sueltos y desprendimientos; surgen personas que desatascan el tráfico con gestos claros y asertivos; capataces improvisados que ponen orden en una cadena de brazos que descombra un edificio. Por desgracia el país no cuenta con esos liderazgos, espontáneos o no. Existe una crisis de legitimidad tal de la clase política que la credibilidad está por los suelos. Enrique Peña Nieto ha hecho lo posible por aparecer con su chaleco de explorador en todos los escenarios posibles, sabedor de que el manual de supervivencia política exige no cometer el pecado de distanciamiento exhibido por Miguel de la Madrid en el temblor de 1985. Por lo menos no se ha puesto a jugar golf durante estos días, algo que se agradece. Pero a todo el mundo le da repelús aceptar que sea Hacienda o cualquier otra institución federal quien canalice el reparto de las partidas extraordinarias destinadas a la asistencia de las víctimas. En plenas pre campañas presidenciales, en las que Hacienda, Educación Pública y Gobernación están presididas por los candidatos oficiales en punta, el “sospechosísmo” no es gratuito. En las elecciones del Edomex de este verano los ministerios federales fueron convertidos en oficinas de promoción del voto priista. Tratándose de una elección aún más importante, existen muy pocas dudas de que la maquinaria oficial volverá a recurrir a las prácticas clientelares en los próximos meses, en particular con todo aquello que deba entregarse a votantes potenciales. Por su parte, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que sería la vía obvia para administrar y asignar los recursos extraordinarios para responder al sismo, es objeto de enormes críticas por su opacidad. Según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Fondo de Desastres es en sí mismo un desastre de transparencia y legalidad: tiene cero sobre 100 puntos en materia de lo que la ley le exige ventilar públicamente. Este año el presupuesto regular le otorgó 6 mil millones de pesos y las normas le obligarían a hacer público el padrón de beneficiarios de los apoyos otorgados. Algo que los funcionarios del Fonden ignoran olímpicamente. ¿Cómo no sospechar que hay un manejo político y clientelar de tan cuantiosos recursos? Bansefi, el banco oficial que canalizaría los recursos a los damnificados a través de tarjetas de débito, está dirigido por Virgilio Andrade, el amigo de los Pinos que debió salir de la secretaría de la Función Pública por sospechosos vínculos con sus padrinos políticos.
http://www.sinembargo.mx/01-10-2017/3319386
Los secretos de Anaya
Raymundo Rivapalacio escribe en El Financiero sobre lo que está ásando La temeridad y rápidos reflejos para el contraataque le han permitido a Ricardo Anaya enfrentar durante casi un año las denuncias sobre el origen de su fortuna, y evitar que los señalamientos sobre sus actividades empresariales que sugieren conflictos de interés, no lo aplasten como político, ni ponga en etapa terminal su ambición por la candidatura presidencial. Anaya ha cuestionado la solidez de las denuncias en su contra, sin aportar información clara que las contrarresten. A los documentos los refuta con retórica y niega de manera categórica las extrañas operaciones financieras que le adjudican. La realidad es que su comportamiento se sale de los parámetros de la normalidad. La última, una investigación de El Universal sobre la operación de compra y venta de una nave industrial en Querétaro por 54 millones de pesos propiedad de él y la familia de su esposa, Carolina Martínez Franco, se congeló ante el sismo del 19 de septiembre. Pero esa revelación no es un tema menor. Mostró un esquema que utilizan quienes lavan dinero. Anaya se dice inocente de cualquier imputación, y no hay ninguna investigación federal que se sepa, que esté revisando lo que la prensa ha denunciado. No obstante la tibieza de la autoridad para iniciar una investigación que lo deslinde o lo impute, cada vez surge más información sobre movimientos financieros de él y su familia, que dejan muchas preguntas abiertas. Hay acciones extrañas tomadas por Anaya y su esposa, como el que durante los casi tres años que envió a su familia a vivir a Atlanta, hayan usado sistemáticamente dinero en efectivo, con lo cual no hay rastro del dinero de sus operaciones y, por tanto, del origen de los recursos. Su esposa pagó casi siempre con efectivo o con tarjetas de débito prepagadas. No utilizaba tarjetas de crédito, y tampoco tenía cuentas bancarias. Utilizaba órdenes de pago (money orders), y en el extremo del cuidado, no acudía casi nunca a realizar operaciones en los cajeros automáticos. Este patrón habla de un método seguido a pie juntillas para no dejar rastro de cuánto dinero requerían para la manutención familiar. (…) La utilización per sé de dinero en efectivo y tarjetas prepagadas no constituye ningún delito. Fue el método utilizado por la familia Anaya para impedir, se puede argumentar, que sus gastos en Estados Unidos fueran transparentes y pudieran ser analizados y cotejados con sus ingresos declarados. (…) Anaya ha ido sorteando todos los obstáculos que la rendición de cuentas le exige. Utiliza muy eficientemente la esgrima verbal para atajar las denuncias y críticas y no va dejando cabos sueltos, como el dejar de utilizar el sistema bancario y financiero para ocultar sus gastos. Una vez más hay que insistir que usar efectivo o instrumentos que no dejan huella no es un delito, pero sí impide una revisión sobre el origen de los recursos. En este sentido, pueden ser de procedencia ilícita o evasión de impuestos. Anaya se dice inocente lo que, de ser cierto, lleva a la pregunta de por qué hacer cosas buenas que parecen malas.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/los-secretos-de-anaya.html
Banderazo a las candidaturas independientes
Jorge G. Castañeda, escribe hoy en El Financiero, sobre las candidaturas independientes que: “En los próximos días se cierra el plazo para registrar candidaturas independientes o sin partido a los múltiples cargos de elección federal en disputa el año entrante. Las fechas para las elecciones estatales, incluyendo 9 gubernaturas, entre ellas la de la Ciudad de México, varían, pero no se alejan demasiado de las federales. De suerte que ya dispondremos, muy pronto, de las respuestas a varias interrogantes. Primero: ¿cuántos ciudadanos intentarán obtener las firmas necesarias para figurar en la boleta en 2018? Tomando en cuenta las diferencias entre 2015, 2016 y 2018 (más elecciones, más polarización, mayor participación, mayor tiempo transcurrido desde la legalización de las candidaturas sin partido), ¿serán más o menos que en los años anteriores y pertinentes (2017 fue atípico)? De ser mayor el número, proporcionalmente hablando, podremos decir que la figura comienza a calar en la sociedad civil mexicana, como la única fórmula para hacer política electoral fuera de los partidos (las iniciativas populares en su forma actual no funcionan). De no serlo, habrá que concluir que el descrédito de la política se extiende más allá del ámbito de los partidos. También empezaremos a comprender si la “app” del INE, que permite el casi equivalente de una firma electrónica, facilita la recopilación de firmas o la obstaculiza. Otra pregunta importante consistirá en el cargo para el cuál se postulen más candidatos independientes. Los partidarios de esta figura siempre sostuvimos que era a nivel municipal, o distrital, donde las candidaturas de esta índole encerraban mayor sentido. A esa escala, la gente conoce a la gente: al médico, al profesor, al cura en su caso, al profesionista, al empresario o al activista. El número de firmas, sin dejar de ser leonino, es alcanzable, y resulta más factible la difusión de ideas y características, careciendo de acceso a los medios masivos de comunicación. Es la historia de Pedro Kumamoto, en Zapopan; de Alfonso Martínez, en Morelia, y de Manuel Clouthier, en Culiacán. Se juegan un gran número de presidencias municipales trascendentes el año entrante, además de los 300 distritos de mayoría relativa. En pocos días sabremos.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/banderazo-a-las-candidaturas-independientes.html
En deuda con la sociedad
Otro asunto pendiente al respecto al sismo, es la reconstrucción. En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “Jesús Zambrano, vicecoordinador de los diputados del PRD, afirmó que la reconstrucción por los sismos tardará, al menos, dos años, por lo que José Antonio Meade, secretario de Hacienda, ‘debe’ presentar una propuesta razonable para conformar el Fondo Nacional para la Reconstrucción. Zambrano dijo que ‘debe ser’ sensible al reclamo social de que el ejercicio de los recursos sea ágil y alejado de todo papel burocrático. El perredista no se ha percatado de que su reclamo no es válido si se toma en cuenta que la Federación ha estado al pendiente de todos los sitios afectados. No es momento de reclamos, es tiempo de sumar y eso lo deben entender todos los partidos políticos”.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/2017/10/02/1192003
Delegación Tlalpan (Sheinbaum) a cuentas por Colegio Rébsamen
En el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “como al gato que le pisaron la cola, así brincaron en Morena cuando Claudia Sheinbaum culpó de la tragedia en el Colegio Rébsamen a sus antecesores en la Delegación Tlalpan. Y es que en la prisa por lavarse las manos, a la actual delegada se le olvidó -o a lo mejor no tanto- que quien estuvo antes que ella en el cargo, Maricela Contreras Julián, hace poco dejó el PRD para sumarse al partido lopezobradorista. Como quién dice, salpicó pa’ dentro y no pa’ fuera. Lo que más preocupa a la dirigencia de Morena es que las explicaciones de la científica nomás no alcanzan a librarla de la bronca, pues, a fin de cuentas, fue su propia administración la última que le dio el visto bueno al colegio. No vaya a ser, dicen, que entre las ruinas del edificio colapsado aparezca la candidatura de Sheinbaum al gobierno capitalino”.
Escuelas y daños en CdMx
En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “a raíz de los trágicos sucesos en el colegio Enrique Rébsamen, el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se reunirá la próxima semana con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. El encuentro tiene como objetivo analizar qué edificios escolares representan un riesgo para la comunidad estudiantil de la capital. Se busca dar certidumbre a los padres de familia de que sus hijos no corren peligro en escuelas de CdMx, ya que muchos tienen desconfianza sobre el estado de algunos planteles”.
http://www.milenio.com/firmas/trascendio_nacional/Trascendio_18_1041075909.html
La Ley frente a los sismos
Tras el sismo del pasado 19 de septiembre que dejó varios edificios colapsados en la Ciudad de México, ha comenzado a hablarse del procesos de reconstrucción, mismo que deberá estará acompañado de investigaciones a las inmobiliarias y constructoras encargadas de edificios nuevos que después de terremoto se redujeron a escombros. La creación de una nueva normatividad que regule las construcciones en la capital de país parece necesaria, no sin antes deslindar responsabilidades respecto a las que hoy tienen a decenas de familias viviendo en las calles. Al respecto, en El Universal, su Editorial, asegura que: “quedar sin casa de la noche a la mañana es por sí misma una situación de angustia e incertidumbre. Actualmente en el país hay familias que se encuentran en esa condición por los sismos del mes pasado. La ley y su correcta aplicación puede ser un apoyo fundamental para ofrecer un mejor futuro a esas miles de personas. Hay muchos casos en los que los inmuebles que habitaban estaban nuevos o tenían pocos años de haber sido ocupados. Situaciones como esas tienen que investigarse y deslindarse las responsabilidades de manera transparente […]. Puede haber muchos factores que incidieron en la caída de inmuebles. Es precisamente por ello que se requiere una investigación transparente de la autoridad. En principio, de acuerdo con información que dio a conocer Profeco, cualquier constructora debe ofrecer una garantía de 5 años para quienes hayan adquirido algún departamento nuevo. Por lo tanto, si un inmueble sufrió daños estructurales por el sismo y la parte vendedora no quiere asumir la responsabilidad, es posible acudir ante la dependencia para interponer una denuncia […]. Otro aspecto en el que la normatividad será clave ante la emergencia, es el de la simplicidad. Es necesario eliminar tramitologías para que los damnificados tengan acceso a ayuda y a la posibilidad de contar con un nuevo hogar lo más pronto posible. En la Ciudad de México, el gobierno local anunció que emitirá una ley de atención y reconstrucción para que no sea necesario esperar hasta 3 meses para iniciar trabajos de demoliciones. Se apostará a ventanillas únicas para atender ese tipo de contingencias. No hay mejor forma de ayudar a los damnificados que adecuar la norma para agilizar procesos y que cualquier investigación que se inicie se apegue de manera estricta a la ley”.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/el-universal/nacion/la-ley-frente-los-sismos
INE duerme con el enemigo
El oportunismo de cara a los recientes sismos se ha hecho presente entre la clases política mexicana, así lo considera en Milenio, el periodista Carlos Marín, quien escribe que: “repulsivo que los partidos quieran medrar a costa de los damnificados, pero más aberrante aún que un consejero electoral se sume a quienes buscan dinamitar la confiabilidad del órgano garante de la organización y desarrollo democrático de las elecciones. Ese papel juega José Roberto Ruiz Saldaña, quien propuso acciones ilusoriamente ‘solidarias’ que pondrían al Consejo General del INE fuera de la ley. La más absurda de sus pretensiones fue que los funcionarios donaran 5 por ciento de su salario, pasando por alto que la Constitución prohíbe la reducción de percepciones. Consejero que es, ¿ignora que un acuerdo anterior para reducir 10 por ciento el salario de los consejeros electorales fue desechado por el Tribunal Electoral precisamente por ir contra la Constitución? Las aportaciones que los trabajadores quieran hacer proceden solo a título personal. Pasado de lanza, el ponente quiso también disponer de 42 millones del presupuesto de 2018 que ni siquiera se ha discutido y mucho menos aprobado. Merece perder el sueño porque su tomadura de pelo no fue a sus pares, sino a todos los damnificados”.
@loscabareteros
